El Presidente del Gobierno, Pedro Sanchez ha anunciado que pretende movilizar 200.000 millones de euros en un paquete de ayudas destinadas a evitar que la crisis del coronavirus destruya la economía mediante el hundimiento de las empresas, que conforman el tejido económico de nuestro país.
El paquete de medidas pretende “dar a las empresas toda la liquidez que necesiten” gracias a una “línea de avales de hasta 100.000 millones”. Sánchez, indica que “será la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España”. El objetivo es evitar que caiga el menor número de empresas en la bancarrota, dado que aun no podemos saber cuánto tiempo más durará la situación de estado de alarma, la cual se ha alargado durante dos semanas más, y esto conlleva consecuencias catastróficas para las empresas españolas.
El dinero que el Gobierno pretende movilizar, el cual se corresponde con el 20% del PIB del país, según el Presidente del Gobierno, se ha concretado en un real decreto aprobado para activar medidas de protección hacia los colectivos más desfavorecidos.
Según este decreto entra en activo una línea de avales con un total de 100.000 millones de euros que cubrirá tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de a disposición de grandes y pequeñas empresas para evitar el cierre de empresas por falta de liquidez.
El Gobierno ha aprobado la regulación de los ERTE para permitir el cobro de prestaciones por desempleo, por lo que los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido.
También se ha previsto la reducción de hasta el 100% en la jornada laboral para aquellos trabajadores que tengan que atender a otra que por razones de edad, enfermedad o discapacidad requiera de un cuidado personal y directo siempre que dicho deber sea acreditado.
El objetivo de estas medidas es configurar un conjunto de garantías para evitar que las faltas de asistencia por parte de trabajadores que justifiquen la necesidad de atender el cuidado de personas a su cargo sean penalizadas.
El decreto incluye una moratoria de pago para las hipotecas hasta un máximo de tres meses además de la prohibición del corte de suministros, incluidos los servicios de telecomuinicaciones, para colectivos vulnerables. Por ahora no hay acuerdo de aplicación de estas medidas a las personas que se encuentren en régimen de alquiler.
El Gobierno prevé dedicar 30 millones de euros para dotar Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria.
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